El debate sobre si es obligatorio atender en catalán sigue siendo recurrente en Cataluña, tanto entre empresarios como entre consumidores. Aunque la normativa ha evolucionado con los años y ha sido objeto de sentencias del Tribunal Constitucional, la clave está en entender la diferencia entre el derecho de los ciudadanos y el deber de las empresas.
Derechos lingüísticos y deber de disponibilidad
El Estatut d’Autonomia de Catalunya reconoce que todas las personas tienen derecho a ser atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial que elijan: catalán o castellano.
A su vez, las empresas y establecimientos abiertos al público están sujetos al deber de disponibilidad lingüística, es decir, deben poder atender en cualquiera de las dos lenguas oficiales.
La Ley 1/1998, de Política Lingüística, establece el catalán como lengua propia de Cataluña y, junto al castellano, como lengua oficial. Además, fija obligaciones específicas para las Administraciones públicas y las empresas que operan en el territorio.
La Administración pública: obligación plena
En el ámbito público, la norma es clara: la Generalitat y los ayuntamientos deben garantizar la atención oral y escrita en la lengua oficial elegida por el ciudadano. Por tanto, las personas tienen el derecho plenamente exigible de ser atendidas en catalán si así lo desean.
Empresas y comercios: qué implica el deber de disponibilidad
En el caso del sector privado, la legislación catalana introduce el llamado deber de disponibilidad lingüística. Esto no significa que todos los empleados deban hablar catalán, pero sí que la empresa debe estar en condiciones de atender en catalán cuando el cliente así lo solicite.
Atención al cliente
La Generalitat establece que los consumidores deben poder ser atendidos en la lengua oficial que elijan. La empresa, por tanto, tiene la obligación de contar con personal o mecanismos que permitan ofrecer esa atención de forma efectiva, ya sea oralmente o por escrito.
Información y documentación obligatoria en catalán
Según la Agència Catalana del Consum, deben estar como mínimo en catalán:
- Las cartas de restaurante o invitaciones de compra.
- Los presupuestos.
- Las facturas.
- Los contratos y resguardos de depósito.
- Las instrucciones o advertencias necesarias para el uso seguro de productos o servicios, tanto en formato físico como digital.
No ofrecer estos documentos en catalán puede suponer una infracción sancionable en materia de consumo.
Coordinación con la normativa estatal
El Gobierno de España recuerda que toda información de etiquetado o presentación de bienes y servicios debe figurar al menos en castellano. En Cataluña, además, se añade la obligación de incluirla también en catalán cuando sea necesaria para un consumo o uso seguro. En la práctica, las empresas deben cumplir ambos requisitos lingüísticos.
Qué dice el Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional, en las sentencias STC 88/2017 y STC 7/2018, revisó el artículo 128 del Código de Consumo de Cataluña.
El alto tribunal confirmó que:
- Es válido exigir que cierta información escrita esté en catalán, como los contratos o la documentación necesaria para el uso y la seguridad de productos.
- Pero no es sancionable el hecho de que un trabajador no responda inmediatamente en catalán en cualquier contexto. La obligación empresarial se limita a tener disponibilidad lingüística, no a usar exclusivamente una lengua.
Conclusión práctica
En resumen:
- Los consumidores tienen derecho a ser atendidos en catalán o castellano.
- Las empresas deben estar preparadas para ofrecer atención en ambas lenguas.
- Ciertos documentos y rótulos deben figurar como mínimo en catalán, y su ausencia puede ser sancionada.
- Las Administraciones públicas, por su parte, están obligadas a garantizar la atención en catalán.
Cumplir correctamente esta normativa no solo evita sanciones, sino que mejora la experiencia del cliente y refuerza la imagen de marca en un entorno donde la sensibilidad lingüística forma parte del día a día empresarial.
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